Santa Cruz - Bolivia - El Nuevo Día, 24-Jun-2010

La capital Sucre vivió ayer una tensa jornada luego que la alcaldesa masista Verónica Berríos, nombrada en forma polémica en sustitución del alcalde electo Jaime Barrón, fuera corrida de su despacho mientras que el Gobierno denunciaba el decomiso, sin detenidos,  de explosivos "con capacidad para destruir 15 manzanas".
"Estoy indignada, yo me quiero dirigir a mi pueblo para decirle que no estoy entrando a la Alcaldía por la ventana", dijo. Se anunció que trabajaría desde el distrito 3, una zona de Sucre que apoya al MAS.
El presidente del Concejo Municipal de Sucre, Domingo Martínez, aliado del MAS,  denunció que entre los autores estaba el director de Seguridad Ciudadana, de apellido Carmona y anunció que lo denunciaría a la Fiscalía.
Martínez, electo por la agrupación Adelante Vecinos y aliado del MAS, agregó que el Concejo Municipal no suspendió a Jaime Barrón como Alcalde de Sucre porque no tiene ningún proceso administrativo o judicial.  "Quien le ha suspendido es la justicia que está fuera del Concejo Municipal a partir de los hechos de 24 de mayo de 2008 (humillación pública de campesinos) y a denuncia del ex alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos, quien (en ese acto racista) fue uno de los agredidos", declaró.
Reiteró que en aplicación del artículo 48 de la Ley de Municipalidades ahora Barrón tiene una suspensión temporal. Sin embargo, el jefe del Movimiento Sin Miedo y ex aliado del MAS, Juan del Granado, dijo ayer que el Gobierno usa la Ley de Municipalidades prácticamente derogada por la Ley Corta de Transición a los Gobiernos autónomos aprobada recientemente para tumbar a alcaldes y gobernadores que no pudo ganar en las urnas y el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, le respondió que es "un figuretti".
Sobre el tema, dos abogados constitucionalistas, José Luis Santistevan y Jorge Asbún, coincidieron que no corresponde la suspensión de los alcaldes porque no tienen sentencia ejecutoriada y que la Constitución Política del Estado, que habla del debido proceso y la primacía de ésta frente a otras normas, como la Ley de Municipalidades o cualquier otra ley.
Mientras continúa la polémica, el ministro de Gobierno, Sacha Llorentty, apareció en Sucre mostrando 2.300 cartuchos de dinamita incautados en la casa de una anciana quechua que no fue detenida, además de 124 bolsas de "anfo", una sustancia que permite multiplicar el alcance de las explosiones.
Según datos policiales, esta cantidad de explosivo podría afectar hasta quince manzanas en caso de ser usada.
El alcalde destituido, Jaime Barrón, no descartó anoche que "el Gobierno esté sembrando esas pruebas" con  la finalidad de amedrentar al pueblo que este jueves tiene una "Asamblea de la chuquisaqueñidad" en la que se pedirá la revocatoria de los concejales que apoyaron al "golpe de Estado" municipal.

Acerca de la primacía de la cpe

Ley Corta de gobiernos autónomos • "La Ley 2028 (Participación Popular) , la Ley 1551 ( Municipalidades) y las normas referidas al funcionamiento de los municipios se aplicarán en todo aquello que no contravenga lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE)" (art. 19 de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Gobiernos Autónomos).
Primacía de la CPE • "Las disposiciones legales de las entidades territoriales autónomas deberán observar rigurosamente la jerarquía normativa establecida en el artículo 410 de la CPE".

El art. 410 • "La CPE es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa".

La FAM pide reglas claras

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia está preocupada por la situación de ingobernabilidad que enfrentan los alcaldes por la suspensión del cargo bajo acusación formal de la Fiscalía. Las autoridades presentarán una propuesta para que este tema sea aclarado en la Ley Marco de Autonomías y se finalice las contradicciones que se encuentran en la Ley de Municipalidades aún vigente.
El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales y alcalde de La Paz, Luis Revilla, informó a Radio Fides que propondrán una salida justa para los alcaldes que tienen procesos en su contra.
"Esperemos que en la Ley Marco de Autonomía se puedan implementar reglas claras en este tema", dijo.

Advierten  juicio si no actúan contra Joaquino

En Potosí, el Concejo Municipal ya recibió la comunicación oficial de que Joaquino tiene acusación formal de la Fiscalía para ser enjuiciado por la compra de autos usados para la Alcaldía.
En reserva, los concejales de Alianza Social y del Frente Cívico Regional Potosinista (FCRP) fueron amenazados de ser procesados por incumplimiento de deberes si no suspenden al alcalde.
Según un boletín de Alianza Social,  todo se debe a una estrategia política del MAS para controlar también los municipios en los que perdió en las elecciones del 4 de abril. Señala que el proyecto del oficialismo "no sólo prevé el control total de los poderes sino de todos los niveles de gobierno".
Joaquino cuenta con seis de los 11 concejales, frente a 4 del MAS. Luego de la lectura de los antecedentes, Gualberto Ockofler, jefe de la bancada del MAS, dijo que lo único que se espera, es que la  comisión jurídica se pueda pronunciar al respecto, pidiendo  la aplicación del artículo 48 de la Ley de Municipalidades, que habla de la suspensión de Joaquino.

Fecha: 24-Jun-2010
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