Cochabamba - Bolivia - Opinión, 22-Jun-2010
Unos 500 delegados de los pueblos amazónicos de Bolivia iniciaron hoy una marcha de 1.400 kilómetros hasta La Paz para reclamar al Gobierno de Evo Morales mayores competencias y recursos económicos para las autonomías indígenas. El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, confirmó a Efe por teléfono desde Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), que la marcha partió esta mañana de esa ciudad.
Según, Chávez el estatuto autonómico de los indígenas no debe ser aprobado por empresarios ni por ganaderos, sino por sus afiliados. Esta autonomía plena en sus territorios debe consistir en la asignación de recursos económicos para la ejecución de proyectos y diseñar su desarrollo en función a la realidad de cada uno de los pueblos indígenas.
Chávez afirmó que su sector está predispuesto a dialogar con el Gobierno pero en el lugar donde se encuentre la marcha.
Hasta el momento el Gobierno no decidió si una comisión gubernamental irá al encuentro de los indígenas de las tierras bajas para negociar en el lugar sobre los términos ya descritos por Chávez.
Asimismo, Chávez ha mencionado que su sector demanda del Gobierno que se amplíe el número de escaños asignados a los indígenas y originarios que al momento asciende a siete, En la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La Cidob rompió el diálogo con el Gobierno de Morales, de la etnia aimara del altiplano, con el argumento de que el proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización que prepara el Ejecutivo reducirá el poder y competencias de las autonomías indígenas.
GOBIERNO Por su parte, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro, ha indicado que la marcha de la Cidob está siendo alentada por una motivación política a partir de la injerencia de Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
El Gobierno asegura que el proyecto, que debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, contiene todas las garantías para la implementación de las autonomías indígenas y advirtió que existen intentos políticos inconstitucionales.