La Paz - Bolivia - La Prensa, 19-Jul-2010

Santa Cruz, Beni y Tarija analizarán hoy futuras medidas contra la Ley Marco de Autonomías, que el presidente Evo Morales promulgará esta tarde, porque no incluye el reconocimiento pleno de sus estatutos autonómicos, instituye la suspensión de autoridades a simple acusación fiscal y porque les da más competencias sin nuevos recursos.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, emplazó a las gobernaciones y municipios a ejecutar al menos 5.000 millones de bolivianos que tienen en cajas y bancos hasta junio de este año y dejar de quejarse por la asignación de nuevas responsabilidades.

El coordinador de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Ortiz, informó que hoy las organizaciones cívicas y los parlamentarios de ese departamento se reunirán para definir una posición respecto de la norma y no descartó movilizaciones.

El sábado 17 de julio, al final de una sesión maratónica de 32 horas, el oficialismo refrendó la ley apelando a su mayoría parlamentaria.

La nueva norma es la quinta y última de las leyes fundamentales requeridas por la Constitución Política del Estado para el 22 de julio. Antes fueron aprobadas las leyes del Órgano Electoral, de Régimen Electoral, del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

La ley autonómica define la nueva estructura del Estado Plurinacional en Bolivia, que estará basada en cuatro tipos de autonomía: departamental, regional, indígena y municipal.

El diario El Deber publicó el domingo de la semana pasada que Ortiz había anunciado una "cumbre" para determinar acciones tendentes a revertir la aprobación de la ley marco y aseguró que el sábado el gobernador Rubén Costas se reunió con sus asambleístas para definir una posición, pero no dio más detalles.

El secretario de Autonomía de la Gobernación beniana, Mauricio Paz, advirtió que no se descarta una huelga contra la ley autonómica porque no reconoce los estatutos aprobados en 2008 ni garantiza los recursos económicos para las competencias que asumirán las gobernaciones cuando entre en vigencia la ley.

En tanto, en Tarija, fuentes allegadas al Gobierno Municipal informaron que dirigentes cívicos también sostienen reuniones para emitir un pronunciamiento porque temen una disminución de los recursos de las regalías por hidrocarburos.

El secretario general de la gobernación tarijeña, Mauricio Lea Plaza, dijo el viernes que las instituciones de ese departamento sostendrán una reunión hoy para definir una posición al respecto.

El diputado chaqueño Wilman Cardozo (AS) reclamó que el Gobierno les haya asignado más competencias sin haberles asignado más recursos.

Al respecto, Romero aseguró que la prueba de que los departamentos y municipios tienen recursos para cumplir sus nuevos roles es que hasta junio de este año no ejecutaron 5.000 millones de bolivianos que están como saldo de caja y en sus cuentas bancarias.

"Sigue siendo un monto absolutamente significativo. Entonces, si hay fondos no ejecutados, dinero fresco disponible, cómo es posible que le digan a la población que está en riesgo el desayuno escolar, no vamos a poder construir tal camino, tal puente que se cayó no vamos a poderlo levantar y los proyectos quedarán postergados porque la Ley de Autonomías nos da nueva responsabilidad, no nos da dinero, cuando tienen dinero fresco no ejecutado".

Además, la autoridad comentó que Tarija es "un departamento millonario", pues sólo por regalías petroleras ha recibido en los años recientes más de 8.000 millones de bolivianos, por lo que dijo que su reclamo es político.

En La Paz, el senador Germán Antelo (PPB-CN) informó que, una vez que se instale el Tribunal Constitucional, planteará un recurso de inconstitucionalidad con el "apoyo de expertos" y no descartó acudir a instancias internacionales.

La oposición exteriorizó su reclamo porque la nueva ley autonómica no reconoce directamente los estatutos aprobados en 2008. Al respecto, Romero consideró que se tendrán que buscar acuerdos en las asambleas departamentales. Sobre el procedimiento de suspensión de autoridades dijo: "Los especialistas en materia penal indicaron que el nuevo procedimiento penal le da el liderazgo del proceso al fiscal y no al juez".

Diálogo con la CIDOB, en pausa

Una comisión de los marchistas de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y representantes del Gobierno reinstalaron ayer el diálogo en la ciudad de Santa Cruz y declararon un cuarto intermedio hasta hoy.

Según un reporte de Erbol, la movilización del sector rumbo a La Paz continúa pese a las inclemencias del tiempo.

Al lugar se trasladaron el viceministro de Tierras, José Manuel Pinto; el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, y el coordinador regional de Autonomía, Henry Baldelomar.

En el encuentro analizaron los conflictos de tierra y otros pedidos que tiene la CIDOB en torno a la titulación de sus propiedades.

Anoche, el ministro de Autonomías, Carlos Romero, informó que por la tarde la reunión, por decisión de la dirigencia indígena, entró en un cuarto intermedio y decidieron retomar el diálogo hoy por la tarde.